Toda entidad o proveedor de servicio de salud debe aspirar a la excelencia. Los servicios de salud inciden sobre la calidad y expectativa de vida, además de constituir un sector importante de la economía y de la vida en sociedad. Por ende, lo usual es que reciban un alto nivel de respeto comunitario y sean una prioridad en los presupuestos y gestiones gubernamentales, todo lo cual promueve y motiva estos servicios, según los requiere toda sociedad. En Puerto Rico todo esto fue haciéndose realidad durante el pasado siglo, aún bajo condiciones presupuestarias difíciles, pues en este País abunda el talento, la creatividad y la disposición de servicio a los demás. Así se desarrolló un efectivo sistema de salud pública, tanto gubernamental como privado, que a fines de siglo se extendía por todo el archipiélago, con profesionales comprometidos con proveer servicios de excelencia, aun cuando los presupuestos parecían ser siempre insuficientes.
Pero en este siglo la política pública cambió hacia el modelo de poner a las aseguradoras privadas como intermediarios entre los recursos públicos asignados a la salud y la población que requiere estos servicios. Esos intermediarios fueron extendiendo su control sobre todos los aspectos del sistema de salud, e impusieron la perspectiva de que estos servicios son solo otro negocio sujeto al principio de maximizar ganancias. Esto ha creado una nueva realidad donde ya no tenemos un sistema de salud, sino un sistema de administración de seguros de salud. El gobierno ha hecho un trabajo muy pobre al administrar ese sistema, donde debía preservarse el interés social de proveerle servicios de salud de excelencia a la población. Para competir entre ellas, las compañías de planes médicos dirigen millones al mercadeo y a programas que no son propiamente de servicios de salud. Por otra parte, para continuamente aumentar sus ganancias, limitan las frecuencias de pruebas y tratamientos, y reducen los pagos a los proveedores directos de esos servicios. De ahí las noticias sobre el continuado éxodo de médicos especialistas y las restricciones en disponibilidad de medicamentos y tratamientos. En la industria de los laboratorios clínicos privados muchos se han visto obligados a vender a grandes cadenas o cerrar.
El resultado para la población es que cada día se hace más difícil obtener servicios de salud razonablemente adecuados, no se diga ya de excelencia. Es decir, a pesar de que se han multiplicado los millones disponibles para el sector de la salud, la disponibilidad de proveedores, servicios y productos de reduce constantemente, pues está sujeta al interés monetario de las aseguradoras. La gran mayoría de los pacientes que solicitan los servicios de laboratorio lo hacen utilizando una tarjeta de plan médico. Por ende, el pago que recibirá el laboratorio por sus servicios (personal, materiales, reactivos, etc.) lo determinan los tarifarios impuesto por las compañía aseguradoras. Increíblemente, no obstante los aumentos anuales en costos de operación de los laboratorios clínicos (electricidad, materiales, reactivos, aumentos en salario, etc.), cada año los tarifarios impuestos por las aseguradoras reducen los pagos por las pruebas realizadas. Además, las aseguradoras restringen la frecuencia con que los pacientes pueden hacerse ciertas pruebas, aunque las ordene su médico.
Ante todo esto, y la falta de fiscalización efectiva de las agencias del gobierno, los laboratorios clínicos extremamos esfuerzos para aumentar la eficiencia sin reducir la excelencia en el servicio. Muchos laboratorios hemos encontrado alternativas bajo el modelo cooperativo para lograr economías en asuntos como compra de materiales, reactivos y servicios de referencia. En la interacción cooperativa hemos también podido discutir prácticas para mantener la calidad y viabilidad de las operaciones, a pesar de que la política pública aún no nos permite negociar colectivamente los contratos y tarifarios con las aseguradoras.
En estos momentos de oscuridad en que estamos atrapados por el mercado tenemos que “encender una luz” y ser faro y guía para ayudarnos unos a otros. El cooperativismo nos educa a superar el miedo de “pararnos en nuestros pies” y apostar a nuestra gente y a nuestro País, estimulando así una economía solidaria basada en el apoyo mutuo. El concepto cooperativista nos permite vernos, a los dueños de laboratorios, como compañeros proveedores de servicios y no como competidores; así ganamos todos. El laboratorio clínico cooperativista es una entidad con responsabilidad social, que permite que esta responsabilidad la convierta en empresa de excelencia en el servicio. El movimiento cooperativista también puede ayudarnos a promover cambios en la política pública, para impulsar un cambio del sistema actual al modelo de pagador único, para beneficio tanto del pueblo como de los proveedores de servicios de salud.
Así, en tiempos difíciles, el modelo cooperativista puede ayudar a los laboratorios a mantener la excelencia en el servicio al País.
